La Constitución Española regula en su artículo 24, y por tanto dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas del ciudadano, la tutela judicial efectiva.
Basicamente, la tutela judicial efectiva incluye el derecho de acceso a la justicia y obtener de la misma una resolución fundada en derecho, a un proceso con todas las garantías y a que se ejecute el contenido de la sentencia.
Pero ahora mismo, de forma silenciosa, se está trabajando para que uno de los pilares de nuestra democracia, como es el derecho de acceso a los tribunales se vea claramente limitado. El gobierno está elaborando un Proyecto de Ley que impedirá que muchos ciudadanos puedan acceder a la justica. ¿Como se ejecutará esta maniobra?, pues de una forma sutil pero efectiva, extendiendo las costas procesales en primera instancia a la jurisdicción contencioso-administrativa, y en un futuro cercano, no sería descartable que se extendiera también a la jurisdicción social. Al mismo tiempo, y para rematar el circulo vicioso, se elevará la cuantía para poder recurrir en segunda instancia, con lo cual buena parte de las sentencias que ahora mismo son apelables dejarán de serlo, adquiriendo firmeza la resolución que dicte el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.
De llevarse a cabo este Proyecto de Ley, los ciudadanos con menos recursos tendrán dificil hacer frente a los gastos del proceso en caso de salir derrotados, al tener que pagar no solo los honorarios de su abogado, sino las costas del proceso. Avanzamos hacia una justicia para los pudientes o los locos sin miedo a nada, pero no para el común de los mortales, y todo ello, para ahorrarse la creación de nuevos Juzgados y plazas de Magistrado que son realmente necesarias, muy necesarias. ¿Es tan grave la situación económica, que para ahorrarse el coste de crear nuevos Juzgados se tienen que limitar derechos fundamentales?
Para que un país sea realmente libre, necesita una justicia ágil, moderna y eficaz, pero sobre todo, necesita que los ciudadanos puedan acceder a ella. La mejor política social y económica será la que garantice una justicia independiente y accesible, donde el ciudadano pueda hacer valer sus derechos y obtener una resolución fundada en derecho en un tiempo razonable, todo lo demás, serán simples cantos de sirena.
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