Hace pocos días el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 que tenéis publicado aquí. Todos somos conscientes de que la situación económica actual es ciertamente preocupante, dramática podríamos decir, y partiendo de esta premisa los Presupuestos abordan diversas políticas destinadas a disminuir los gastos e incrementar los ingresos de las Administraciones Públicas.
Entre las medidas destinadas a incrementar los ingresos de las arcas públicas está el incremento y extensión de las tasas judiciales, situación a la cual por su trascendencia dedicaré este artículo. Las tasas judiciales son un "tributo" por acceder a los Juzgados y Tribunales y que hasta ahora sólo se aplicaba a las personas jurídicas en el orden civil y contencioso. Con el Anteproyecto de los Presupuestos en la mano las tasas judiciales se incrementarán en su cuantía, pero lo que es más preocupante, se extenderán a las personas físicas y al orden social, si bien en principio quedarán exentas las personas a las que se le reconozca el derecho a la justicia gratuita por su grave situación económica. Podéis analizar los cambios notables en materia de tasas judiciales con el gráfico que os adjunto extraído directamente de la página web de la Moncloa.
Esto en cuanto a los cambios en materia de tasas. ¿Los motivos?, pues según el Anteproyecto de Presupuestos:
El objetivo de esta iniciativa es evitar la litigiosidad artificiosa que satura actualmente los juzgados. Las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a parar a las arcas del Estado, sino que, tal y como ya avanzó el ministro de Justicia, estarán destinadas a sufragar la justicia gratuita. Según una estimación realizada a partir de los últimos datos registrados, 172 millones de euros recaudados en 2010, con el nuevo sistema la cuantía ascendería a cerca de 300 millones.
Resumiendo, que las tasas se imponen por que abusamos de la justicia y por que ese abuso conduce a la necesidad de incrementar los recursos del turno de oficio, al cual se destinará el dinero obtenido. Hemos visto las novedades en materia de tasas y las justificaciones que se dan para su incremento. Ahora bien. ¿Las explicaciones que se dan son las correctas?. En opinión de este humilde abogado no y por los siguientes motivos.
Según las estadísticas del Poder Judicial en el año 2010 ingresaron en los Juzgados y Tribunales de nuestro país un total de 9.355.526 asuntos, una cifra nada desdeñable. Ahora bien, en el año 2009 la cifra había ascendido a 9.567.280, se ha producido una disminución de los asuntos que han entrado en los Juzgados, más acusada en la jurisdicción social y contencioso-administrativa que precisamente son en las que se hace recaer en mayor medida la aplicación de las nuevas tasas judiciales.
Con todos estos datos estamos en situación de responder a las preguntas clave.
¿Existe una litigiosidad artificiosa? Falso. Los ciudadanos, empresas u organizaciones acuden a la justicia como último recurso, buscando el amparo y la tutela de nuestros Tribunales en el legítimo ejercicio de sus derechos, siendo los abogados los primeros que aconsejamos a nuestros clientes evitar una vía judicial perdida de antemano. No se puede negar que existen demandas insostenibles, pero su número es anecdótico e irrisorio, sobre todo en las jurisdicciones civil, social y contencioso que son las tres que soportan las tasas judiciales.
¿Existen en la Ley mecanismos para evitar el abuso de la justicia? Verdadero. Las leyes procesales ya contemplan la imposición de multas a las partes del proceso que actúen con temeridad o mala fe. ¿Qué necesidad hay pues de gravar de antemano el acceso a la tutela judicial cuando la Ley contempla medidas correctoras?
¿Ira el dinero recaudado a la justicia gratuita? Mucho me temo que no. Todas las Comunidades Autónomas están incumpliendo sistemáticamente su obligación de abonar a los Letrados del turno de oficio sus honorarios. La justicia gratuita siempre se ha pagado tarde y mal, ahora directamente ni se paga, y tenéis ejemplos de ello aquí, aquí o aquí .
España tiene un mal endémico en la justicia, y ese mal no es la "litigiosidad artificiosa", sino por el contrario una secular falta de medios, el mantenimiento de una estructura territorial decimonónica con partidos judiciales en cada pueblo, la residual aplicación de las nuevas tecnologías manteniendo el uso masivo del papel y las exiguas plantillas judiciales con 10,62 Magistrados por cada 100.000 habitantes, cuando Alemania tiene 29 o Austria 22. Ninguno de estos graves problemas se solucionará con las nuevas tasas judiciales. Por el contrario, las tasas sólo servirán para dificultar o impedir el acceso a la tutela judicial de las clases medias o bajas que no alcancen el beneficio de justicia gratuita, perjudicando igualmente a las autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que tendrán que abonar tasas judiciales de la misma cuantía que gigantes como Inditex o Telefónica.
Lo que está en juego no es el modo de vida de los abogados, no, lo que nos jugamos es que el acceso a la tutela judicial efectiva plasmado en el artículo 24 de la Constitución se respete. Parece poca cosa cuando se dice....pero es un mundo en nuestro campo de libertades.
